PROPONE DIPUTADA ANA BERTA MASTRANZO NORMAR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Tlaxcala, Tlax., a 15 de octubre de 2019

Con la finalidad de que los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sean incluidos en la normatividad estatal, la Diputada Ana Bertha Mastranzo Corona presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la ley en la materia.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, justificó la necesidad de añadir estos conceptos a la legislación de Tlaxcala, para garantizar una mayor y mejor protección para las personas.

Por lo anterior, la Legisladora Mastranzo Corona presentó una propuesta para adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Propone adicionar el artículo 5 BIS, para establecer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos regirá su actuación por los siguientes principios: pro persona; pro débil; equidad y no discriminación; inmediatez; integración y transversalidad; acción afirmativa; perspectiva de género; transparencia; rendición de cuentas; debido proceso; de contradicción; y en general, todos los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De ser aprobadas estas adiciones, la Congresista afirmó que se armonizará la normativa estatal con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, señala que la decisión de las autoridades, en un caso concreto, debe centrarse en adoptar las medidas más favorables para los derechos de las personas involucradas en un conflicto, donde todos sean respetados en su dignidad.

La Diputada Local aseguró que no basta con incorporar los conceptos previamente mencionados en la legislación, sino que es indispensable que las autoridades le den sentido y operatividad, en especial las encargadas de la procuración y administración de la justicia

Lo anterior, ya que indicó que, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad

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